Nosotros, el pueblo y el 10%


Por Kate Shea Baird @KateSB

Publicado en El País el 12/12/14

¡Guanyem! ¡Podemos! ¡Volem votar! La primera persona plural está en ascenso en la política española. Nosotros vamos a recuperar el Ayuntamiento. Vamos a destapar la corrupción y echar fuera a la casta. Vamos a fundar un Estado independiente. Los movimientos políticos de base se están movilizando en todo el país con el objetivo de desmantelar el establishment político-económico y crear un nuevo sistema más democrático, impulsado por la gente.

Este tipo de discurso tiene una larga historia. La Constitución de Estados Unidos abrió con las famosas palabras “We, the people” pero, a pesar de sus pretensiones democráticas, definió como “personas” sólo a los hombres blancos; las mujeres y los esclavos no fueron invitados a la fiesta. El lenguaje de nosotros también ha sido adoptado por una larga serie de movimientos reaccionarios que hacen una definición estrecha de nosotros, por lo general en oposición a un otro: ellos.

Por lo tanto, si este lenguaje va a servir como algo más que mera retórica, los movimientos contemporáneos que tienen como objetivo  regenerar la democracia deben reflexionar seriamente sobre quiénes somos nosotros. El pasado septiembre, Ada Colau de Guanyem Barcelona anticipó esta pregunta por parte de la oposición de la plataforma en su discurso “Y  nos preguntarán quienes somos“. Como el discurso de Colau mostró, responder puede tener implicaciones sorprendentemente radicales. Llega al corazón mismo de la cuestión acerca de cómo entendemos los  derechos y las responsabilidades de la participación política y sobre qué significa ser ciudadano. Si estos movimientos se atreven a definir la ciudadanía de una  manera nueva y más inclusiva, podrán justificar su afirmación de estar forjando una “democracia real”.

A día de hoy, ser ciudadano en este país es prácticamente sinónimo de tener la nacionalidad española, que se adquiere a través de filiación, matrimonio o residencia prolongada. Mientras una ciudadanía basada en la sangre o el nacimiento puede, por principio, ser anatema para cualquier movimiento progresista, en un país de emigración neta este sistema, históricamente, daba a la mayoría de las personas los derechos políticos básicos de poder votar y presentarse a elecciones. Sin embargo, las tendencias migratorias recientes han hecho que la cuestión de quién es ciudadano ya no sea sólo teórica. Cinco millones de ciudadanos no españoles hemos convertido al país en nuestra casa; lo que representa alrededor del 10% de la población total de España. Lamentablemente, el debate público sobre la migración tiende a ver tanto a inmigrantes como a emigrantes como, más que cualquier otra  cosa, trabajadores (masculinos) cuyas actividades y contribuciones son sobre todo económicas. Por nuestra parte, las mujeres inmigrantes o hemos sido invisibilizadas, o criminalizadas, o vistas como simples vientres andantes que pueden ser aprovechadas para aumentar la tasa de fecundidad nacional.

Los nuevos movimientos políticos se tienen que ver obligados a responder a este reto, reconociendo a los migrantes como sujetos políticos y abogando por nuestro derecho a la participación plena en todos los aspectos de la vida pública.

El  actual déficit democrático en este sentido es significativo. Los ciudadanos de la UE podemos votar y presentarnos a las elecciones municipales y europeas, pero no a las autonómicas o estatales. Los  residentes procedentes de países no pertenecientes a la UE sólo pueden votar en las elecciones municipales si existe un acuerdo de reciprocidad entre su país de origen y España. El principio de reciprocidad vincula el sufragio aquí a la buena voluntad y las políticas de inmigración progresistas de otros países, con el resultado absurdo y discriminatorio de que alguien de Cabo Verde tiene el derecho a voto en las elecciones  municipales de 2015, pero no así un ciudadano de Venezuela. El acceso a la participación política en la política autonómica o estatal está aún más restringido; conlleva un precio alto, tanto para los ciudadanos de la UE como para los del resto del mundo: el de la adopción de la nacionalidad española después de un mínimo de 10 años de residencia. Los residentes nacidos en el extranjero también se enfrentan a obstáculos adicionales en el acceso a un empleo público, dando como resultado una falta de diversidad y representatividad en todos los niveles de las instituciones públicas. El caso más grave es el de las personas sin papeles que carecen de derechos políticos de ningún tipo, y quedan totalmente excluidos de la vida pública.

Se  requiere una reinvención radical de la ciudadanía para reconocer los derechos de este 10% de la población que actualmente faltamos; el concepto tiene que estar desenredado tanto de la nacionalidad como de cualquier condición de reciprocidad. Una parte de la ecuación consistirá en impulsar la reforma legal e institucional. Tales cambios, algunos de los cuales requerirían enmiendas a la Constitución, podrían tardar  mucho en realizarse. Los espacios políticos emergentes como Guanyem Barcelona, Podemos, Procés Constituent y Red Ciudadana Partido X, con su estructura descentralizada de toma abierta de decisiones, permite que cualquiera participe en la formulación de políticas, sea cual sea el país que emitió su pasaporte. Al llevar la participación más allá de las instituciones de la democracia representativa, se puede ofrecer la oportunidad de  participar en el proceso de formulación de políticas por vez primera a las personas que previamente han sido excluidas, o infrarrepresentadas en dichas instituciones.

El potencial está ahí, pero no se llevará a cabo de forma automática. Estos movimientos tendrán que buscar y promover la participación de personas de cualquier origen, evitando la trampa de marginar a la gente nacida en el extranjero en las áreas de políticas de inmigración e integración. Tenemos una amplia gama de puntos de vista, a veces contradictorios, sobre diversas cuestiones, desde la sanidad hasta la  economía, al igual que cualquier otro sector de la población. Asimismo, la inclusión de la perspectiva de las personas de origen extranjero no es sólo una cuestión de justicia; la diversidad de las experiencias y el conocimiento que podemos aportar es un recurso valioso para cualquier proyecto colectivo.

Puede parecer ingenuo que una organización con ambiciones electorales invierta tiempo y capital político en personas que no podemos votarles. Pero al hacerlo, los nuevos movimientos tendrían la oportunidad de demostrar un verdadero compromiso con los principios de los derechos humanos, la igualdad y la democracia participativa. No es suficiente que estos movimientos representen a ese comentado 10%, como muchas personas bien intencionadas ya trataron de hacer antes; debemos unir sus voces con las nuestras, primero fuera de las instituciones de la democracia representativa y, con el tiempo, en ellas.