¿Auditoría de la deuda o auditoría del gasto? Noticia de un debate en el eje de Economía de la Ciudad


18 de diciembre de 2014, por Joan B.

Guanyem debe promover una auditoría de las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona y, en su caso, exigir responsabilidades por el mal uso que de ellas haya podido hacerse. En este punto hubo unanimidad en el debate que se desarrolló el miércoles 17 en el eje de Economía de la Ciudad de la plataforma, que trata de fijar un discurso propio sobre la cuestión de la deuda y, en general, sobre el modelo de financiación de la Administración. Sin embargo, hubo puntos controvertidos: ¿auditoría de la deuda o auditoría del gasto?, ¿hasta qué punto debería hacerse cargo un nuevo gobierno local de las deudas ilegítimas contraídas?, ¿qué consecuencias tendría el impago de estas deudas?

La controversia rebasa en extremo el ámbito local y remite a la promovida por los partidarios de la doctrina emancipadora del impago de la deuda ilegítima, es decir, la que procede de préstamos concedidos y gestionados de forma irregular, la que sirve para financiar operaciones ilícitas, la que atenta contra la vida y la dignidad de la ciudadanía y la que pone en peligro la convivencia entre los pueblos. La deuda y el crédito pueden resultar necesarios para garantizar el desarrollo y los servicios básicos, pero deben considerarse ilegítimos en las condiciones y con las consecuencias citadas. Se trata no solo de un problema económico, sino también político y de orden social y moral, porque conlleva sumisión, desigualdad y marginación: unos se endeudan y enriquecen a costa de los que se ven forzados a pagar y obedecer.

En el debate se adujeron algunos ejemplos clamorosos: el de las ayudas públicas de 1,3 billones a la banca española (cerca de la mitad en garantías y avales); el caso Castor, con el pago a la compañía ACS, de Florentino Pérez, de 1.350 millones que se repercutirán durante 30 años en la factura del gas de los españoles, y el déficit tarifario de las empresas eléctricas, que representa más de 25.000 millones, equivalentes a 555 euros por habitante. Son, todas ellas, deudas ilegítimas, pero no de los ciudadanos, que no deberían pagarlas, sino de quienes las contrajeron para enriquecerse o por propia incompetencia.

Se trata de ejemplos que muestran una dinámica global, la de un modelo económico que transforma la sociedad en un mercado y que convierte el patrimonio común en activos financieros privados. ¿Qué debe hacer el ayuntamiento en este contexto?

Primero, algunos datos. La deuda alcanza los 1.000 millones de euros, con unos presupuestos que cifran los gastos corrientes en 2.000 millones y los ingresos en 2.500, aproximadamente. Este año, la amortización prevista suma 136 millones y el próximo, 172. Y el sobrecoste estimado de los intereses de la deuda (la diferencia entre el 0,15% del precio actual del dinero y el 3,5% contraído) es superior a los 20 millones anuales. No son cifras alarmantes si tenemos en cuenta el contexto, pero deben auditarse, sobre todo para examinar la procedencia de los gastos. Las cuentas, claras: por ejemplo, pocas horas antes del debate se había conocido que el ayuntamiento había pagado 8 millones a Corinna Sayn-Wittgestein, novia del rey Juan Carlos, por dos galas de la Fundación Laureus en los años 2006 y 2007.

¿Qué tipo de auditoría? Para una parte de los intervinientes en el debate, hay que promover una auditoría ciudadana de la deuda no solo para fijar la parte ilegítima y someter a referéndum su eventual impago, sino para promover en otros ámbitos un cambio de modelo financiero. Como dijo uno de los expertos, “impulsar auditorías de la deuda, cuestionarla y establecer sistemas de financiación pública y alternativa de las administraciones locales sería una medida de carácter sistémico que pondría en cuestión el poder financiero y promovería una nueva cultura democrática en relación con las finanzas y la deuda”. Entre los sistemas alternativos se señalaron, en un ámbito superior al local, la banca ética y cooperativa, y en el plano local, medidas de mejora de la gestión y supervisión del gasto y políticas progresivas y ecológicas en la aplicación de la fiscalidad local (IBI, IAE, tasa turística, tasa de vehículos, etcétera).

Para otros asistentes, la auditoría se debe centrar en el gasto, no en la deuda. Hacer que el debate ciudadano pivote en torno a la deuda y al eventual impago de la deuda considerada ilegítima tiene muchos riesgos, entre ellos el de su imposible cumplimiento, dada la relación de fuerzas en el plano financiero, y ese es un riesgo que no debe correr una fuerza responsable como Guanyem. Uno de los ponentes del debate subrayó la necesidad de no demonizar la deuda en su conjunto, ya que, dijo, puede ser un instrumento útil para hacer frente a necesidades reales de las empresas y las familias que no pueden satisfacerse si no es con los pagos a medio y largo plazo. Hay, pues, deudas ilegítimas, como las derivadas del hecho de que el Banco Central Europeo (BCE) no preste dinero directamente al sector público, sino indirectamente a través de la banca privada, pero también hay deudas legítimas, por necesarias. Y tanto él como otros asistentes pusieron el acento en los instrumentos alternativos de financiación pública y en el mayor control social de la inversión y el crédito, entre otros mecanismos, para evitar que los costes de la deuda recaigan sobre los ciudadanos, víctimas por partida doble de los recortes y la crisis.

El debate sobre la cuestión de la deuda quedó abierto. No fue el primero que se produjo en el eje de Economía de la Ciudad ni será el último. En él pudieron constatarse los distintos enfoques del problema, pero también un acuerdo sustancial que prefigura la política de Guanyem en este punto: auditoría (y en su caso referéndum, previa información exhaustiva), medidas de control del gasto y de reequilibrio fiscal y cambio de los ratios de buena gestión para poner en primer plano la atención a las necesidades sociales. Todo ello con el eco del verso de Bertold Brecht: “Solo los deudores pueden liberar a los deudores de su deuda”.